JORGELO-POLITICO-SINDICAL

     Este subsidio ésta destinado a quienes acaban de agotar su prestación contributiva (el paro), son mayores de 45 años de edad, con carencia de rentas y no tienen responsabilidades familiares . También existen otras ayudas para los mayores de 45 años desempleados de larga duración.       

      Este Juicio la pena es que muchas de las cadenas de Tv, asi como prensa, no quieren darle lo que merece y es una pena, que en vez de defender a las victimas defienden a los asesinos Terroristas.

      La Seguridad Social no está quebrada. La Seguridad Social es una parte de la Administración General del Estado. ¿La Seguridad Social estaba bien cuando el déficit de las administraciones públicas era del 9,3%? ¿Estaba yo más tranquilo entonces porque había una parte de la administración que no tenía déficit? No sé por qué hay que mirar a la Seguridad Social como si fuera un régimen propio. La Seguridad Social está asegurada por el Estado como lo ha estado siempre, es un departamento de las administraciones públicas, aunque tiene unos ingresos que vienen de un impuesto propio. ¿O es que las cotizaciones sociales no son un impuesto? Las cotizaciones sociales son un impuesto… y no uno de los mejores. Pero ahora resultará que, por tener ese impuesto, el sistema será más o menos seguro por la recaudación de ese impuesto.

     La Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados, goza de preferencia en su tramitación sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, para ajustarse a los plazos establecidos.    Sin embargo, en esta ocasión su tramitación acumula ya seis meses de retraso, ya que se debería haber iniciado en octubre de 2017. Como consecuencia, siguen en vigor las cuentas de 2017, que fueron prorrogadas el 1 de enero.     REDUCCIÓN A LAS RENTAS DEL TRABAJO     En el ámbito del IRPF, las cuentas de 2018 elevan el umbral de tributación de los 12.000 a los 14.000 euros brutos y se incrementa la reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros de salario bruto. Esta medida beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes y a un millón de pensionistas.      Por otro lado, contemplan la deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales, deducción por cónyuge con discapacidad de 1.200 euros anuales y deducción por familia

       Los que se convirtieron en la Radio Ruanda de los golpistas; los que llevan décadas agitando el odio en las escuelas; los que se sirvieron de una policía regional mucho mejor pagada que la nacional; los que financiaron el golpe; los que lanzaron metros cúbicos de agua bendita sobre el delito e incluso prestaron sus parroquias para colocar las urnas; los que acosaron a las fuerzas del orden público; los que agredieron a los que deseaban quedarse en España; los que movilizaron ancianos y niños; los que arriaron en los ayuntamientos la bandera nacional para sustituirla por la estrellada… todos esos y mucho más quedarán totalmente impunes". Su conclusión no puede ser más desoladora: "No sólo eso. Permanecerán conectados a la teta del Estado para continuar llevándose el dinero que Montoro saca de los bolsillos de los españoles. En resumen, algunos recibirán un capón y los otros seguirán al timón. Pagando nosotros, claro".

     El PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren que el artículo 6 de la Constitución Española recoja y blinde la financiación pública de los partidos políticos. Con los votos en contra del PP y de los nacionalistas vascos y catalanes, quedó aprobado el informe para La reforma del régimen y la financiación de los partidos. Las cuentas de los partidos dependen del dinero público–el 80% de sus ingresos proviene de subvenciones–. Cada año reciben más de 50 millones de euros del Estado, aunque, una vez sumadas la subvenciones de todas las administraciones, la cuantía real es muy superior. En concreto, entre 2007 y 2015, los partidos recibieron 2.400 millones del erario público –300 millones cada año–. Precisamente, para no perder estas prebendas, estas organizaciones buscan blindarse constitucionalmente. El texto, que ha sido pactado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, se votará en el Pleno del Congreso –donde seguramente consiga aprobarse porque entre los tres suman mayoría–. En el escrito pre